Estimado lector: Le informamos que la información contenida en el presente artículo fue modificada por el Decreto 90 de 2018, mediante el cual se dispuso que las personas naturales, microempresas y pequeñas empresas no están obligadas a efectuar el registro.

Además, el plazo máximo para registrar las bases de datos se amplió así: 30 de septiembre de 2018 (grandes empresas) y 30 de noviembre de 2018 (medianas empresas).

En este artículo encontrará todo lo que necesita saber para cumplir con la obligación de registrar sus bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

¿Qué es el Registro Nacional de Bases de Datos?

El Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) es el directorio público de las bases de datos sujetas a tratamiento que operan en el país, el cual es administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio y será de libre consulta para los ciudadanos.

¿Que es una Base de Datos?

Una Base de Datos es un conjunto organizado de datos personales que se utiliza para llevar el registro y la administración de los mismos, bien sea en medio físico (un archivo físico) o en medio electrónico (hojas electrónicas, documentos de texto, etc.), independientemente de la cantidad de datos personales que contenga. Es decir, una Base de Datos es cualquier conjunto organizado de datos de personales sujetos a un tratamiento, tales como, listados de empleados, clientes, proveedores, alumnos, pacientes, etc…, que tienen una finalidad para la empresa.

El pasado mes de marzo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Gobierno que, dentro del término de cuatro meses, expidiera la reglamentación del inciso tercero del artículo 135 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 del 2015).

El proyecto de ley que pretende que para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos exigidos en las normas legales vigentes, el graduado acredite aprobación de un examen de Estado está pendiente de último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Este examen, que lo realizaría el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) directamente o a través de una institución de educación superior acreditada en alta calidad, se entenderá aprobado cuando el resultado supere la media del puntaje nacional de la respectiva prueba.

Uno de los aportes más importantes de la Constitución Política de 1991 fue, sin duda, la incorporación de la acción de tutela como mecanismo para amparar los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente los más desprotegidos.

Todas estas peticiones han permitido desarrollar el contenido y alcance de los derechos constitucionales y llenar vacíos legislativos a través de pronunciamientos que han revolucionado la historia jurídica del país.

Recientemente, la administración de justicia colombiana tramitó y falló la primera tutela diligenciada a través de medios electrónicos y, por consiguiente, sin la utilización de papel, como un modelo para contribuir al medio ambiente y al manejo de las tecnologías de la información, informó el Consejo Superior de la Judicatura.

Teniendo en cuenta que el artículo 9 de la Ley 1258 del 2008 no consagra expresamente las implicaciones legales que tendría el hecho de no pagar el total del capital suscrito dentro de los dos años consagrados en los estatutos para el efecto, el vacío legal debe suplirse con las normas generales que rigen a las sociedades anónimas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45.

En efecto, indicó la Superintendencia de Sociedades, el artículo 397 del Código de Comercio dispone, además de que el moroso no puede ejercer los derechos inherentes a la calidad de accionista, que la junta directiva, asamblea general de accionistas o representante legal, según el caso, puede recurrir a varios arbitrios, entre ellos acudir directamente al cobro judicial y la venta a cuenta y riesgo del accionista moroso.

Estimado lector: Le informamos que la información contenida en el presente artículo fue modificada por el Decreto 90 de 2018, mediante el cual se dispuso que las personas naturales, microempresas y pequeñas empresas no están obligadas a efectuar el registro.

Además, el plazo máximo para registrar las bases de datos se amplió así: 30 de septiembre de 2018 (grandes empresas) y 30 de noviembre de 2018 (medianas empresas).

El gobierno ha decidido ampliar nuevamente el plazo para efectuar el registro de bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Al resolver una consulta, la Superintendencia de Sociedades recordó que la sucursal de una sociedad extranjera, como establecimiento de comercio que es de la sociedad, no puede tener una denominación social diferente a la de la casa matriz, pues ello desvirtuaría su verdadera identidad.

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió un nueva circular para indicar el procedimiento de inscripción para que los responsables del tratamiento de datos personales, personas naturales, entidades de naturaleza pública distintas de las sociedades de economía mixta y personas jurídicas de naturaleza privada que no están inscritas en las cámaras de comercio cumplan con este deber legal.

Así mismo, precisa que los responsables no cargarán en el registro sus bases de datos con información personal, “solamente inscribirán la información establecida en el Capítulo 26 del Decreto Único 1074 del 2015 y en la nueva circular”, puntualiza la norma.

En virtud de los principios y reglas establecidas en las leyes estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012, para poder acceder o poner en circulación cualquier pieza de información personal, se requiere autorización previa otorgada por el titular de la información respectiva, salvo que se trate de información considerada como pública por la ley.

El habeas data es el cuerpo de normas que fija las reglas para la circulación de la información personal, partiendo de un principio básico y esencial: la información sólo puede ser utilizada para los fines señalados por la ley o por el titular.

El acceso o utilización de información sin previa autorización es sancionado por la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que oficia como autoridad nacional de protección de datos. Estas normas son obligatorias para todo aquel que gestione bases de datos, ya sea de forma manual o automatizada, incluyendo a las entidades públicas. El régimen legal de protección de datos (o habeas data) tiene una naturaleza claramente restrictiva y proteccionista del ámbito privado de las personas, en donde la regla general es que los datos personales son de acceso limitado para terceros.

• La Superindustria adhirió a la base de datos armonizada de productos y servicios para la clasificación de marcas, disponible a través de TMclass, de la cual forman parte la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y otras 60 oficinas de Propiedad Intelectual del mundo.
• La base de datos armonizada recoge más de 70.000 términos a partir de los cuales los usuarios pueden seleccionar los productos y servicios que desean proteger en sus solicitudes de marca.
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